2.1. Importancia productiva y medioambiental

A partir de los datos disponibles para 20 Estados miembros de la Unión Europea, el Eurostat estima que en el año 2013 existía en Europa una superficie de tierras comunales próxima a los 9 millones de hectáreas. Se trata, mayoritariamente, de pastos permanentes clasificados como Superficie Agraria Útil de explotaciones ganaderas ubicadas en zonas de montaña; cabe destacar que la mayor superficie se registra en España, con algo más de un millón y medio de hectáreas, y le siguen de cerca Rumanía, Grecia y Reino Unido. Lo habitual, en explotaciones ganaderas orientadas a la producción de bovino y ovino de carne, es que estos recursos forrajeros supongan el principal aporte nutritivo del ganado durante una parte importante del año, en especial durante los meses de verano[5].

Además de por su valor forrajero, estos pastos revisten especial importancia por su valor paisajístico y medioambiental, y ello ha llevado a su inclusión generalizada en diversas figuras de protección de la naturaleza y la biodiversidad. Su ubicación montuosa los convierte en áreas de interés hidrológico, al tiempo que constituyen formaciones vegetales semi-naturales[6] en las que predomina una estructura vegetal en mosaico muy biodiversa, que combina formaciones típicamente herbáceas con otras de tipo arbustivo y arbóreo (Figura 1; Fillat et al., 2008). Además de la influencia que ejercen la geología y la topografía del terreno, una de las claves que explica la estructura vegetal de estos pastos es su carácter de grandes espacios abiertos, con la práctica o total ausencia de muros y cierres parcelarios, lo que incrementa la heterogeneidad espacial de las perturbaciones asociadas al pastoreo extensivo: pación y ramoneo, pisoteo, deyecciones, etc[7]. Por otro lado, el carácter abierto de estos pastos favorece el libre tránsito de la fauna silvestre y, con ello, el intercambio genético entre poblaciones, algo que se considera fundamental para su conservación (Fischer & Lindenmayer, 2007). La ausencia de muros y cierres también favorece el tránsito de personas, contribuyendo en este caso a la función recreativa o turística de las áreas de montaña (Mulder et al., 2006).

Figura 1: Pastos de montaña aprovechados en régimen comunal (Cantabria, España). Foto: I.V. Figure 1: Mountain pastures used in communal tenure (Cantabria, Spain). Photo: I.V.

2.2. Problemas de gestión

Pese a la importancia actual que presentan los pastos comunales europeos, en los últimos años se vienen constatando diferentes procesos de degradación del recurso. En general, el aprovechamiento que se hace de estos pastos denota una falta de organización, lo que se traduce en una situación como la descrita por Hardin en La tragedia de los comunales, la de un pastizal abierto a todos (1968: 1244). Es frecuente, por ejemplo, que no se realice un pastoreo guiado del ganado durante su estancia en los comunales, de manera que los rebaños tienden a concentrarse en aquellos sectores de pasto con una topografía más favorable, o bien en aquéllos más próximos a pistas y caminos de acceso o infraestructuras tales como abrevaderos y refugios; mientras que las áreas de pasto de topografía poco favorable, menos accesibles o con una menor dotación de infraestructuras, son escasamente aprovechadas por el ganado. En algunos casos ni siquiera se cumplen los calendarios de uso que contemplan las ordenanzas vigentes, de manera que el ganado permanece en el comunal durante la práctica totalidad del año, lo que impide respetar el periodo de parada o reposo vegetativo del pasto, que por lo general se sitúa entre el otoño y la primavera. Una de las consecuencias de estos malos hábitos ganaderos es la combinación de fenómenos de infra y sobre-utilización forrajera, a menudo sobre un mismo sector de pasto comunal, lo que ocasiona una pérdida de biodiversidad de los pastos y una proliferación de especies vegetales de escasa o nula calidad forrajera, tales como arbustos o especies herbáceas que resultan tóxicas para el ganado (Tasser & Tappeiner, 2002; Busqué et al., 2003; Parolo et al., 2011).

Poner remedio a esta mala praxis ganadera plantea grandes dificultades. En primer lugar, existe una problemática de tipo institucional, asociada a una dejadez de competencias gestoras y, concretamente, a una relajación de la normativa que recogen las ordenanzas de pastos, así como a una ausencia de mecanismos de control y vigilancia. El motivo es, por un lado, que existe una dejadez de funciones por parte de la administración local, que en la mayoría de los casos constituye la entidad titular de los pastos y que, por ello, cuenta con competencias en relación al diseño, implementación y salvaguarda de la normativa. Por otro lado, existe una dejadez de funciones por parte de la administración de ámbito regional, cuyas competencias suelen comprender el establecimiento de directrices básicas de gestión, el diseño de normativa propia, la revisión de la normativa diseñada por la administración local, así como velar por el cumplimiento de la misma.

En lo que concierne a la administración local, lo habitual es que su labor gestora se reduzca a la elaboración de unas ordenanzas con unos criterios de aprovechamiento ciertamente laxos, pues en muchos casos se limitan al establecimiento de unos calendarios de pastoreo mínimos dirigidos a respetar el periodo de parada o reposo vegetativo de los pastos. Tampoco es habitual, por otra parte, que la administración local asuma labores de vigilancia y control de los pastos (Zingari, 2000; Baur & Binder 2013; Vázquez, 2016: 276-277). A este respecto cabe mencionar un cambio institucional que ha afectado de manera importante a este nivel de la administración. Sucede que las entidades locales que tradicionalmente se ocuparon de gestionar los recursos comunales, y cuyo ámbito territorial venía a coincidir con el del pueblo (concejos, parroquias, etc.), fueron suprimidas tras la institucionalización del municipio como instancia política; un fenómeno que en la mayoría de los casos se remonta al siglo XIX, y que prácticamente resulta generalizable a todo el conjunto de países europeos (Bocanegra, 2008: 12-13). La ventaja de estas instituciones tradicionales era que funcionaban de un modo asambleario, lo que equivalía a proveer a los usuarios de un espacio para la coordinación de los usos dentro del comunal y la elaboración de reglamentos a tal efecto, garantizando que, en teoría, se recogieran los intereses de la mayoría. Es cierto que en algunas regiones europeas estas instituciones se han mantenido operativas hasta la actualidad, tal y como ha ocurrido en gran medida en el norte de España, si bien lo habitual en estos casos es que el éxodo rural haya supuesto un cese paulatino de su actividad, siendo hoy testimonial el número de ellas que funciona de un modo asambleario (Ortega, 1989; Gómez-Pellón, 2002; Scolozzi et al., 2014).

En lo que concierne a la administración de ámbito supralocal, parte del problema radica en que dentro de los órganos encargados de la gestión de los espacios de monte predomina una sectorización profesional hacia el ámbito silvícola y de la conservación de la biodiversidad. Si bien esta última no suele ser entendida en términos agroecológicos, o, si se prefiere, propios de la ecología humana, una disciplina científica que considera los usos y aprovechamientos humanos como un factor clave a la hora de diseñar e implementar políticas de mantenimiento y conservación de los ecosistemas, al entender que la mayoría de éstos son en realidad agroecosistemas, es decir, ecosistemas modelados históricamente por la actividad agraria (Sutton & Anderson, 2014). Este hecho explica que, por lo general, la administración de ámbito regional priorice la regulación y vigilancia de los hábitats forestales a la promoción y salvaguarda de la normativa que regula el uso de los pastos comunales, al considerar que los primeros proveen mayor cantidad de beneficios medioambientales que los segundos (Ban et al., 2013).

En este contexto institucional, caracterizado por la ausencia de normativa y la falta de mecanismos de sanción y vigilancia, es frecuente que el usuario de pastos comunales anteponga sus intereses personales al interés general, y ello en términos cortoplacistas: por ejemplo, haciendo uso de la mayor cantidad posible de pasto, optando para ello por incumplir los calendarios de uso que establece la normativa vigente. A esto se añade la adopción de una estrategia de aprovechamiento de los pastos comunales basada en el máximo ahorro en términos de carga de trabajo: el pastoreo libre. Por lo general, el ganadero se limita a realizar visitas puntuales al comunal para comprobar el estado en que se encuentran sus animales (que se mueven libremente por el comunal), reservando la mayor parte del tiempo a labores tales como la siega o el cuidado de los animales en estado de gestación o en lactancia que se encuentran en las cuadras o en los prados cercanos al pueblo. Se trata, no obstante, de una estrategia de ahorro de trabajo que se entiende si uno tiene en cuenta el envejecimiento de la población activa agraria, la escasa mano de obra con que cuentan las explotaciones ubicadas en zonas de montaña y, en general, la situación económica desfavorable que atraviesa el sector. Los efectos negativos de esta estrategia se ven acentuados debido a que muchas explotaciones han optado por incrementar su censo ganadero, al tiempo que se han especializado en la cría de razas muy productivas pero poco adaptadas al pastoreo de montaña, tales como la limusina o la charolesa en el caso del ganado bovino. Diferentes estudios han demostrado cómo estas razas presentan una especial querencia por las áreas de pasto de topografía favorable, en comparación con razas autóctonas de carácter rústico, tales como la pirenaica y la tudanca en el caso español, que realizan un aprovechamiento mucho más heterogéneo de los pastos de montaña (García-González et al., 2007; Mora et al., 2007; Lasanta, 2010).

Finalmente, cabe apuntar una última problemática, y es la falta de entendimiento entre la administración (particularmente la de ámbito supralocal) y los usuarios de pastos comunales. En primer lugar, esto se explica por la ya referida sectorización que caracteriza a la administración de ámbito supralocal, que, por lo general, prioriza la conservación del arbolado y de la biodiversidad a la promoción del papel forrajero de los espacios de monte. Esta circunstancia ha supuesto un foco permanente de conflictos entre la administración y los usuarios de pastos comunales, y con el tiempo ha contribuido a minar la confianza entre las partes (Young et al., 2005; Izquierdo & Barrena, 2006). En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el enfoque epistemológico mediante el cual los usuarios interpretan y analizan el recurso difiere en gran medida con el enfoque propio del personal de la administración. Por lo general, el conocimiento que poseen los usuarios está basado en un enfoque experiencial de tipo concreto, pues se aplica a un recurso localizado en un territorio específico. En cambio, el conocimiento de los técnicos gubernamentales está basado en el método científico, y puede considerarse abstracto en el sentido de que permite analizar recursos naturales localizados en diferentes contextos (Agrawal, 1995). El modo en que cada uno de estos actores evalúa la calidad de los prados de siega ejemplifica a la perfección esta diferencia epistemológica. Tradicionalmente los usuarios han clasificado el terreno en primera, segunda o tercera calidad, con su correspondiente equivalencia, por ejemplo, en carros de hierba. Esta clasificación comporta un conocimiento del recurso muy detallado y preciso, pero solamente válido para ese territorio. Por su parte, los técnicos gubernamentales son capaces de evaluar la calidad de los prados de manera indirecta, identificando, por ejemplo, la geología y las especies herbáceas presentes en una parcela representativa del conjunto. La consecuencia de esta confrontación epistemológica es que unos no confían en el conocimiento de los otros y viceversa, lo que a la postre dificulta el diálogo y el entendimiento entre las partes (Berkes et al., 2000; Miller et al., 2008; Rathwell et al., 2015).

3.1. La memoria institucional y su naturaleza no acumulativa

Uno de los problemas de acudir a la memoria institucional de los usuarios de recursos comunales tiene que ver con la naturaleza de este tipo de conocimiento. Como ocurre con la memoria personal, la memoria institucional no es del todo acumulativa, sino que está sujeta a un proceso constante de ajuste. Halbwachs (2004: 87) aporta algunas claves sobre este proceso en relación a un concepto muy similar, la memoria colectiva. El autor explica cómo, en los grupos humanos, la memoria colectiva constituye el foco de tradiciones. El grupo desea perpetuar aquellas imágenes del pasado que le confieren identidad propia, de manera que el tiempo transcurrido en el cual no ha habido grandes cambios es aquél que ocupa el mayor lugar en su memoria. Pero si en un momento dado de su historia se introdujera un número importante de elementos nuevos, por ejemplo debido a una transformación del contexto socioeconómico en el cual se sitúa el grupo, se desarrollaría con el tiempo una nueva memoria, que solo contendría elementos parciales de lo que precedió a dicha transformación.

En lo que concierne al régimen comunal agrario, ha tenido lugar un fenómeno de ruptura de memoria institucional que se asemeja mucho al explicado por Halbwachs. Desde finales del siglo XVIII, y en especial a lo largo del XIX, el pensamiento económico liberal se fue consolidando en Europa y, como resultado, el régimen comunal agrario fue reprobado por considerarse ineficiente desde un punto de vista productivo. En consecuencia, muchos pastos comunales fueron privatizados, o bien se conservaron como recursos de libre acceso, es decir, con una regulación débil o inexistente (De Moor et al., 2002; Demélas & Vivier, 2003). Así, por ejemplo, cuando en la España decimonónica se iniciaron las reformas liberales fue habitual que aquellas prácticas agroganaderas que comportaban una acción colectiva fueran impugnadas: por ejemplo, aquéllas consistentes en el agrupamiento del ganado de los vecinos de una aldea en rebaños familiares o comunitarios (García Sanz, 1985; Ortega, 1989; Puente, 1992: 286-295). El resultado, si bien no comportó la total desaparición del régimen comunal agrario, sí que supuso la generalización de comportamientos individualistas entre los usuarios[8] y, en definitiva, el desarrollo de una nueva cultura ganadera en torno al aprovechamiento de los comunales (Vázquez, 2016: 198-199).

No obstante, es preciso considerar otro proceso de pérdida de memoria institucional, en este caso más progresivo en el tiempo. En un análisis sobre la eficiencia de pesquerías en Estados Unidos, Hilborn (1992) ha constatado lo común que resulta que la memoria institucional de los usuarios se pierda en cuestión de décadas, aun cuando ha sido registrada por escrito y almacenada en archivos o en bases de datos. El autor explica esta situación por motivos tales como una falta de procesos sistematizados para la recogida y análisis de la información, de manera que la interpretación de los resultados resulta complicada cuando una generación de usuarios sucede a la anterior, o, también, debido a la ausencia de mecanismos adecuados para la difusión de esta información entre los usuarios (publicaciones, reuniones informativas, etc.).

Es frecuente que esto mismo haya sucedido en las comunidades de usuarios de pastos comunales de Europa; concretamente, en relación al registro más completo sobre su historia de gobernanza: las ordenanzas concejiles, unos documentos que se remontan a época Medieval y donde los usuarios han recogido por escrito, de manera más o menos periódica, una parte de las regulaciones empleadas para el aprovechamiento de recursos comunales. Sucede que estas ordenanzas, a medida que han ido renovándose, han quedado olvidadas en archivos locales y, con el tiempo, se han deteriorado o, simplemente, han terminado siendo ininteligibles para los usuarios debido a su léxico y estilo gramatical. En otros casos, estas ordenanzas han pasado a engrosar los fondos de archivos regionales y estatales, quedando lejos del alcance de las comunidades de usuarios (Ladero & Galán, 1983; Cook, 1997).

3.2. Qué contiene el archivo histórico: las ordenanzas concejiles

En los archivos europeos hay diferentes fuentes que contienen información sobre la gestión que se hacía en el pasado de los pastos comunales. Los catastros, dependiendo de su naturaleza, pueden llegar a recoger información muy variada sobre los comunales: localización, superficie, etc. En España, en los territorios que conformaban la antigua Corona de Castilla, es de referencia el Catastro del Marqués de la Ensenada, elaborado a mediados del siglo XVIII. Por su parte, los protocolos notariales y las sentencias judiciales recogen conflictos internos y externos de las comunidades de usuarios y, por ello, también es frecuente encontrar en estos documentos referencias detalladas sobre los pastos comunales.

Sin embargo, las ordenanzas concejiles constituyen los documentos más completos y abundantes de los que se dispone en los archivos europeos. Se trata de grandes cuerpos legislativos que contienen un buen número de las reglas que fueron empleadas por una comunidad de usuarios para gestionar un recurso comunal durante un periodo de tiempo determinado. Las reglas que se pueden encontrar en estas ordenanzas son de naturaleza muy variada. En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos correspondientes a ordenanzas concejiles de Cantabria. Para ello, se ha tomado como referencia un estudio realizado sobre una muestra de 40 ordenanzas de época Moderna, redactadas entre 1559 y 1844 (Vázquez, 2016: 311-337). Las reglas se han organizado tomando como referencia la tipología de reglas definida por Ostrom (2013: 440-492), que clasifica las reglas por su objetivo, resultando siete categorías diferentes: (1) reglas de posición, que identifican los roles desempeñados por los usuarios y otros actores involucrados en la gestión; (2) de frontera, que identifican quién puede ocupar un determinado rol y qué requisitos deben cumplirse; (3) de elección, que establecen lo que un actor que ocupa un determinado rol debe hacer; (4) de agregación, que abordan cómo los actores deben coordinarse; (5) de información, que determinan cómo debe fluir la información entre los actores; (6) de recompensa, que premian o sancionan determinadas acciones; y (7) de ámbito, que identifican resultados requeridos, deseados o prohibidos, sin necesariamente referirse a un conjunto de acciones.

3.3. Limitaciones de las ordenanzas concejiles

Esta fuente histórica presenta dos importantes limitaciones que es necesario tener en cuenta. Por un lado, existe la duda acerca de si las reglas contenidas en una ordenanza fueron realmente aplicadas por los usuarios, o si, al contrario, su sentido era meramente retórico[9]. Probablemente, en la mayoría de los casos la intención de los usuarios fuera promover reglas que consideraban útiles para lograr un uso apropiado del recurso, sin embargo, quizás algunas de estas reglas nunca llegaran a aplicarse. Del mismo modo, también es probable que ciertas reglas nunca llegaran a ser registradas por escrito, quizás eran de uso acostumbrado y no se consideraba necesario. Por todo ello, las ordenanzas han de ser manejadas con cautela y, en caso de que no se disponga de fuentes complementarias que permitan su cotejo, deben ser consideradas como registros que contienen una parte del enfoque gestor de las comunidades de usuarios[10].

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el contenido de las ordenanzas guarda una relación directa con el contexto socioeconómico y medioambiental de una época histórica determinada. Así pues, tratar de replicar su contenido de manera literal a la gestión o situación actual constituiría un grave error. A lo largo de los siglos se han producido importantes transformaciones en las comunidades de usuarios de recursos comunales y en su entorno y, como resultado, buena parte de las reglas que fueron útiles en el pasado quizás hoy ni siquiera encuentren las condiciones materiales necesarias para su implementación. Por ejemplo, pretender que los usuarios actuales ejerzan alternativamente de pastores de un rebaño vecinal (una práctica muy común en el pasado) es inviable en muchas áreas rurales europeas debido a la falta de mano de obra.

3.4. Cómo pueden contribuir las ordenanzas a generar conocimiento

La propuesta que se desarrolla a continuación consiste en restringir el uso de las ordenanzas concejiles a dos niveles concretos. El primero utilizando el contenido de las ordenanzas como referencia para estimular o promover el diseño de normativa en determinadas áreas de la gestión. Así, esto puede resultar útil aun cuando el recurso, el grupo de usuarios o su contexto se hayan visto afectados por grandes transformaciones históricas. Por ejemplo, las regulaciones sobre control y vigilancia de los pastos que incluye la Tabla 1 fueron escritas en un contexto de fuerte cohesión comunitaria y, consecuentemente, replicarlas literalmente podría resultar problemático debido a los cambios sociales ocurridos en el área de estudio. Es más, implementar regulaciones dirigidas a que los usuarios se denuncien entre sí incluso podría resultar contraproducente, ya que podría menoscabar unas relaciones comunitarias ya de por sí comprometidas. Sin embargo, la cuestión de fondo a la que hacen referencia estas regulaciones, esto es, la vigilancia del recurso, puede ser empleada para demostrar a los usuarios hasta qué punto este aspecto se consideraba oportuno en el pasado. Ya se hizo referencia a cómo la ausencia de mecanismos adecuados de control y vigilancia de los pastos constituye una de las carencias más importantes de los modelos de gestión actuales.

Por su parte, el segundo nivel consiste en usar el contenido de las ordenanzas como una fuente de conocimiento directa, y, por tanto, considerar cada detalle de las regulaciones que estos documentos incluyen. Esto implica llegar a este segundo nivel solo si existen aspectos del recurso en los cuales las transformaciones no han sido demasiado significativas. Por ejemplo, en el caso particular de Cantabria, investigaciones recientes basadas en toponimia histórica indican que la superficie de pastos comunales en los valles de montaña occidentales apenas ha variado desde mediados del siglo XVIII (Corbera, 2010: 137; Vázquez, 2016: 337-356). Por este motivo, regulaciones sobre calendarios de uso y zonificación o acotamiento de los pastos comunales (Tabla 1) pueden utilizarse como conocimiento de apoyo durante la planificación. Probablemente resulte del todo inapropiado replicar una zonificación de los pastos que fue diseñada en el siglo XVIII. Sin embargo, una reconstrucción experimental de la misma puede servir para identificar los criterios que fueron empleados en su diseño (épocas del año, especies de ganado, características del terreno, etc.) y utilizar esta información como una referencia para diseñar una nueva zonificación.

Por otro lado, si se dispone de ordenanzas pertenecientes a distintas épocas históricas, un ejercicio interesante consiste en analizar estrategias emprendidas por el grupo de usuarios para afrontar momentos de cambio o crisis. Tales estrategias comprenden un conjunto de reglas dirigidas hacia un objetivo común, pero que no necesariamente fueron concebidas de manera premeditada, ya que, perfectamente, la estrategia en cuestión pudo haber adquirido sentido en el medio y largo plazo. Por ejemplo, a través del análisis de documentación de una aldea de Flandes correspondiente al periodo 1700-1840, De Moor (2007) ha constatado cómo para solventar problemas derivados de un incremento en la demanda de los pastos comunales, como resultado de cambios demográficos y en los mercados agrícolas, la estrategia más efectiva que pusieron en marcha los usuarios consistió en limitar el acceso al recurso, fundamentalmente a través de reglas que fijaban tarifas y cupos de ganado[11].

3.5. Cómo pueden contribuir las ordenanzas a generar consenso

Otra de las ventajas de usar ordenanzas históricas en la planificación es que pueden contribuir a promover el diálogo entre usuarios y técnicos gubernamentales; y esto, precisamente, constituye uno de los grandes retos en co-gestión (Borrini et al., 2007: 195-196; Berkes, 2009; Trimble et al., 2014). Esta contribución de las ordenanzas históricas se explica por dos motivos principales: por un lado, debido a que los usuarios suelen mostrar un gran interés por su historia local, y, por otro lado, porque la reglamentación de usos del pasado (y, en especial, aquélla que fue promulgada con anterioridad a las reformas liberales del siglo XIX) coincide en varios aspectos con la que hoy se intenta promover por parte de técnicos y científicos.

Precisamente, esto fue lo que se constató durante el proyecto de Rionansa. Desde el equipo técnico, una de las acciones que se pretendía promover era zonificar los pastos comunales del municipio, según épocas del año y especies ganaderas (bovino, equino, etc.), para así lograr un pastoreo equilibrado y evitar fenómenos de infra y sobre-utilización forrajera (Menéndez et al., 2012). Sin embargo, muchos usuarios se mostraron disconformes con esta zonificación, que consideraban contraria a la costumbre local. Fue en este momento cuando se decidió recurrir a documentación histórica, ya que el equipo técnico era conocedor de los cambios históricos que se habían producido en el área de estudio como resultado de la derogación y olvido de ordenanzas y costumbres históricas relativas al pastoreo. Por otro lado, en una investigación paralela, se había encontrado documentación histórica del municipio que hacía referencia a una zonificación de los comunales similar en su propósito a la que se pretendía promover (Vázquez, 2016: 100-103, 377). Al mostrar esta documentación a los usuarios pudo comprobarse cómo la toponimia que delimitaba las áreas de pastoreo apenas había cambiado, mientras que los protagonistas de los documentos eran reconocidos por los usuarios como su ascendencia directa. Un vínculo emotivo se hizo explícito por esta razón, y los usuarios comenzaron a mostrar mayor interés por las prácticas de uso y gestión que se les iba exponiendo. Al mismo tiempo, esto mejoró la comunicación entre el equipo técnico y los usuarios, y así se constató el potencial de la documentación histórica para este propósito.

En el Anexo 1 se muestra (a) una de las diapositivas utilizadas durante los talleres de trabajo participativos realizados en el municipio de Rionansa. En este caso, el documento es un extracto de una sentencia judicial del año 1770 en la que se informa de una zonificación de los pastos comunales según épocas del año y especies de ganado. En concreto, este documento fue empleado por el equipo técnico para argumentar la necesidad de zonificar internamente los pastos, y, así, evitar desequilibrios en el uso forrajero. El anexo también incluye fotografías de diferentes fases del proyecto: (b) un encuentro con usuarios para reconocer la toponimia contenida en la documentación histórica, y (c) un taller organizado en una de las juntas vecinales del municipio.

4.1. Exposición de la información

Los talleres participativos suelen plantearse como ejercicios de análisis y discusión a través de soportes audiovisuales, que permiten interpretar de manera sencilla la información que se desea tratar. Uno de los ejemplos habituales consiste en analizar la situación presente y alternativas futuras a través de la proyección de información cartográfica (Chambers, 2006); en ocasiones recurriendo a escenarios probabilísticos, previamente diseñados por el equipo técnico, con el propósito de ilustrar la situación a la que conduce una determinada tendencia gestora (Oteros-Rozas et al., 2015).

Pues bien, la documentación histórica puede ser empleada de un modo similar. Convenientemente organizada, esta documentación puede ser proyectada para que los distintos actores interpreten, analicen y discutan su contenido de manera colaborativa. Una opción, por ejemplo, consiste en construir un escenario histórico para, de esta manera, analizar la evolución que han seguido las formas de uso y gestión hasta el momento actual. Esto facilita el proceso de análisis de las estrategias emprendidas por distintas generaciones de usuarios para hacer frente a situaciones de crisis, o de las reglas que han diseñado en distintos momentos de su historia para resolver los problemas que plantea la gestión de recursos comunales. Se trata, en definitiva, de facilitar el proceso de análisis que resulta de aplicar los dos niveles de uso de ordenanzas históricas descritos en el apartado anterior.

4.2. Tratamiento de la información

Las ordenanzas, como el resto de fuentes de archivo, presentan el problema de su interpretación, fundamentalmente debido a su estilo lingüístico y al contexto en que fueron escritas. Esta tarea se hace especialmente ardua cuando se trabaja con ordenanzas concejiles, pues generalmente ocupan varios folios en los que se recoge un número importante de capítulos, cada uno de los cuales puede incluir varias reglas de uso.

A continuación se presenta una metodología que facilita el análisis de ordenanzas históricas, así como su comparación con otras fuentes de información. Esta metodología permite aislar las reglas que contiene una ordenanza, y organizarlas de manera sintética, para que su interpretación resulte sencilla. La primera parte de la metodología está basada en la herramienta de análisis institucional, una extensión de la gramática de Crawford & Ostrom (Ostrom, 2013: 325-357) ampliada por Basurto et al. (2010) y Siddiki et al. (2011). Esta herramienta permite desestructurar una regla en seis componentes básicos: (1) atributo, que es el actor encargado de realizar la acción; (2) objeto, que constituye el receptor de la acción; (3) deóntico, que es el operador prescriptivo que indica si se requiere, se permite o se prohíbe la acción; (4) objetivo, que constituye la acción en sí misma; (5) condición, que constituye las circunstancias espaciales, temporales y de procedimiento bajo las cuales se realiza la acción; y (6) sanción, que es la acción punitiva resultante del incumplimiento de la regla. Así, la siguiente regla sobre gestión de pastos comunales, el alcalde debe contratar un pastor entre el 24 de junio y el 29 de septiembre, o pagar una multa, mostraría la siguiente sintaxis: el atributo es el alcalde, el deóntico es debe, el objetivo es contratar, el objeto es un pastor, la condición es entre el 24 de junio y el 29 de septiembre, y la sanción si se incumple la regla es pagar una multa.

El siguiente paso consiste en organizar las reglas según la tipología de reglas (empleada para elaborar la Tabla 1) y las situaciones de acción de Ostrom (2013: 87 y ss.). Lo segundo consiste en organizar las regulaciones en áreas clave de la gestión de recursos comunales. Generalmente se diferencian cuatro situaciones de acción (Hinkel et al., 2015): (1) de apropiación, que incluyen aquellas actividades relacionadas con la extracción de unidades de recurso (por ejemplo, los usuarios introduciendo ganado en los comunales); (2) de provisión, que incluyen actividades relacionadas con el mantenimiento y la mejora del recurso (por ejemplo, los usuarios reparando infraestructuras tales como cercas y cabañas pastoriles); (3) de monitoreo, que incluyen actividades relacionadas con el control y evaluación del recurso (por ejemplo, los usuarios denunciando la entrada de ganado forastero); y (4) de decisión, que incluyen actividades relacionadas con la toma conjunta de decisiones (por ejemplo, los usuarios asistiendo al concejo de la aldea).

En el Anexo 2 se recoge el resultado de aplicar esta metodología a la ordenanza de Obeso del año 1755, uno de los pueblos del municipio de Rionansa.